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Toni Marí Ribas, Ingeniero Industrial, Miembro del Consejo Local de UPyD en Ibiza y Formentera

Urbanismo en Ibiza: del PTI al PTE y tiro porque me toca

Tras la reciente exposición pública de la modificación del Plan Territorial Insular querría realizar algunas consideraciones en materia urbanística. Creo entender que el objetivo fundamental de esta modificación es la protección de nuestro querido territorio, lo cual entra en evidente contradicción con los conceptos de parcela mínima para edificar y capacidad de aprovechamiento del suelo, lo público contra lo privado. Observamos una clara contradicción entre el urbanismo ´de papel´ y el urbanismo ´de a pie´, a saber, la realidad material que nos rodea… el ´principio normativo de lo fáctico´, comentan los expertos.
¿Qué modelo territorial queremos? Diseminado extensivo o residencial urbano intensivo. Crecemos en horizontal o en vertical. Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas en pequeñas porciones de suelo o edificios plurifamiliares de elevada capacidad en zonas urbanas. ¿Dónde situamos las actividades turísticas? Y las actividades industriales primarias? ¿Dónde ponemos los límites y cómo cuantificamos el aprovechamiento urbanístico? ¿Quién decide? Pura especulación sobre el valor del suelo, principal fuente de corrupción política.
¿Cómo se puede regular el uso de unos terrenos privados sin generar alternativas económicas y/o sociales? ¿Cómo es posible que para conseguir una licencia urbanística te encuentres con un laberinto burocrático kafkiano? ¿Quién se ocupa de la inspección de la realidad? ¿Qué riesgo evidente e inmediato existe para el que no cumple la norma? Claro ejemplo de cinismo político.
Donde están los Juzgados, el Hospital, la Delegación del Gobierno, los institutos, colegios y guarderías, el Centro de Artes y Oficios, la estación de autobuses, las residencias y centros sociales, la planta de gestión de residuos, las desaladoras y depuradoras, las viviendas de protección oficial, etc. etc. etc. ¿No es este el urbanismo que nos interesa? ¿Es necesario todo este volumen normativo para poder construir una vivienda unifamiliar? ¿De qué estamos hablando de urbanismo o de maltrato a los ciudadanos?
La Unión Europea impulsa la liberalización de servicios según modelos que funcionan en los países más avanzados de nuestro entorno, ¿cómo es posible que ciertos colectivos profesionales mantengan privilegios que desvirtúan el mercado y, en definitiva, cargan un coste al ciudadano?
¿Es posible una ley de armonización nacional que ponga las cosas en su sitio y clarifique de una vez este cúmulo de despropósitos? El objeto propio de las leyes de armonización son las disposiciones normativas de las comunidades autónomas que puedan poner en peligro el interés general.
Realidad o papel, en definitiva, liberalización o intervención y ¿en qué grado?
Para solucionar estas cuestiones es necesaria la participación de equipos de personas que conozcan y quieran bien nuestra estimada isla. Personas de reconocido mérito, capacidad y experiencia, independientes y libres para decidir. Equipos de personas que, desgraciadamente, brillan por su ausencia.